
El pirata John Silver el largo consiguió con esforzada estrategia el codiciado mapa del tesoro, pero su alegría se volvió pesadumbre pues no pudo encontrar el codiciado cofre en la isla. Y de forma similar muchas sentencias estimatorias de lo contencioso-administrativo despiertan la alegría del demandante, aunque le queda luchar por su ejecución y no pocas veces, para nada.
Es cierto que estadísticamente cuatro quintas partes de las sentencias contencioso-administrativas se ejecutan de forma exacta y pacífica, pero hay ámbitos donde esa cifra se eleva por existir situaciones consolidadas (ej.urbanismo), por existir intereses clientelares (ej.personal leal al político o alto cargo que se ve desplazada de su cargo o pierde privilegios), por el puro puro interés económico en demorar los pagos (ej. expropiación, subvenciones,etc) o porque, la mayor parte de las veces, la ejecución de una sentencia condenatoria comporta un coste político, electoral o de credibilidad para la autoridad responsable.
Y si bien ahora hay un parón en la máquina legislativa, lo que no se para es el afán legítimo para que se ejecuten las sentencias contencioso-administrativas. Por eso, me parece oportuno traer a colación el estado de la cuestión citando cuatro fuentes jurídicas jurídicos útiles para las contiendas en la fase de ejecución, junto a algunos consejos prácticos.
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