martes, 6 de enero de 2015

NUM-CONSULTA	Consulta Vinculante V2772-14
ORGANO	SG de Impuestos sobre el Consumo
FECHA-SALIDA	14/10/2014
NORMATIVA	Ley 37/1992 art. 22-Nueve
DESCRIPCION HECHOS
El consultante es un abogado que presta servicios al Tribunal de la Haya de la Organización de las Naciones Unidas.
CUESTION PLANTEADA
Sujeción y, en su caso, exención de los servicios prestados.
CONTESTACION COMPLETA
1.- El artículo 4, apartado uno, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), dispone que estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen. El artículo 11, apartado uno de la Ley 37/1992 dispone que a los efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, se entenderá por prestación de servicios toda operación sujeta al citado tributo que, de acuerdo con dicha Ley, no tenga la consideración de entrega, adquisición intracomunitaria o importación de bienes. El citado artículo, en su apartado dos, número 1º, establece que en particular se consideran prestaciones de servicios, el ejercicio independiente de una profesión, arte u oficio. 2.- El artículo 69, apartado uno, de la Ley 37/1992 regula las reglas de localización de prestaciones de servicios, disponiendo lo siguiente: “Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente de este artículo y en los artículos 70 y 72 de esta Ley, en los siguientes casos: 1º. Cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal y radique en el citado territorio la sede de su actividad económica, o tenga en el mismo un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, siempre que se trate de servicios que tengan por destinatarios a dicha sede, establecimiento permanente, domicilio o residencia habitual, con independencia de dónde se encuentre establecido el prestador de los servicios y del lugar desde el que los preste. 2º. Cuando el destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal, siempre que los servicios se presten por un empresario o profesional y la sede de su actividad económica o establecimiento permanente desde el que los preste o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, se encuentre en el territorio de aplicación del Impuesto. “ En la medida en que el destinatario de los servicios, Tribunal de la Haya, no actúa como empresario o profesional, y el prestador está establecido en territorio de aplicación del Impuesto, cabe concluir que dichos servicios estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido. 3.- Una vez determinada la sujeción al Impuesto, procede analizar su posible exención. El artículo 22, apartado ocho, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido establece que estarán exentas del Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el marco de las relaciones diplomáticas y consulares, en los casos y con los requisitos que se determinen reglamentariamente. Por su parte, el artículo 22, apartado nueve, de la Ley 37/1992 dispone que estarán exentas del Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios destinadas a los Organismos internacionales reconocidos por España o al personal de dichos Organismos con estatuto diplomático, dentro de los límites y en las condiciones fijadas en los Convenios internacionales que sean aplicables en cada caso. El desarrollo reglamentario de dichos preceptos está contenido en el Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre (BOE de 30 de diciembre) en cuyo artículo 3 se regulan las exenciones del Impuesto sobre el Valor Añadido en las entregas de bienes, prestaciones de servicios y adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen diplomático, consular y de los organismos internacionales, estableciendo en sus puntos 1 y 4, lo siguiente: “1. Estarán exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido: Las entregas de bienes cuya importación hubiese estado exenta de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos a), b), c) y d) del apartado 1 del artículo 2 del presente Real Decreto. Las entregas y los arrendamientos de edificios o parte de los mismos y de los terrenos anejos, adquiridos o arrendados por Estados extranjeros para ser utilizados como sede de sus representaciones diplomáticas u Oficinas consulares o como residencia del Jefe de la Misión diplomática o Jefe de la Oficina consular cuando, en este último caso, se trate de funcionarios consulares de carrera. Se entenderá que forman parte de la sede de una representación diplomática u Oficina consular los locales destinados a albergar los servicios u oficinas que la integran. La exención se extiende a las ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, directamente formalizadas entre el correspondiente Estado extranjero y el contratista, que tengan por objeto la construcción, reforma, ampliación o rehabilitación de los edificios a que se refiere el párrafo anterior, así como a los trabajos de reparación o conservación de los mismos edificios cuando su importe, referido a cada operación aislada, exceda de 125.000 pesetas. Las entregas de material de oficina para uso oficial cuando el importe total de las documentadas en cada factura exceda de 50.000 pesetas. Los suministros de agua, gas, electricidad y combustibles, así como la prestación de servicios de comunicación telefónica y radiotelegráfica efectuados para los locales de las representaciones diplomáticas u Oficinas consulares, así como de la residencia del Jefe de la Misión diplomática o del Jefe de una Oficina consular, cuando, en este último caso, se trate de un funcionario consular de carrera. (…) 4.. Estarán exentas las entregas de bienes o prestaciones de servicios regulados en el apartado 1 de este artículo que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, cuando los destinatarios de dichos bienes o servicios sean las personas o entidades a que se refiere el artículo 2 del presente Real Decreto, acreditadas o con sede en otro Estado miembro y justifiquen la concesión por las autoridades competentes del Estado de destino del derecho a adquirir los mencionados bienes o servicios con exención.” El citado precepto recoge las exenciones en las entregas de bienes, prestaciones de servicios y adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen diplomático, consular y de los organismos internacionales, no contemplándose entre las mismas ningún tipo de exención para los servicios de asesoramiento jurídico. 4.- En consecuencia con lo anterior, este Centro directivo reitera la doctrina contenida en su resolución 1037-04, de 20 de abril, en dónde se estableció que los servicios de asesoramiento jurídico estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido aunque los mismos se presten en régimen diplomático, consular o a organismos internacionales, como es el caso de la presente consulta..

DEDUCCIÓN DE GASTOS DE ABOGADOS

NUM-CONSULTA	Consulta General 1188-04
ORGANO	SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
FECHA-SALIDA	11/05/2004
NORMATIVA	Ley 37/1992, Arts. 96, 97; RIRPF (RD 214/1999), Arts. 21-1, 70, 71-1; TRLIRPF, Arts. 10-1, 26, 28, 89, 90
DESCRIPCION HECHOS
Los consultantes constituyeron una Sociedad Civil Particular para el ejercicio de la abogacía, planteando una serie de dudas en relación a los gastos incurridos, tales como desplazamientos, consumos y mantenimiento del vehículo utilizado, cuotas de la Mutualidad de la Abogacía, del Colegio de Abogados, seguros de responsabilidad civil, restaurantes por reuniones con clientes, etc, retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como justificación documental
CUESTION PLANTEADA
Deducibilidad de los gastos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido, justificación documental de los gastos y forma de practicar las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
CONTESTACION COMPLETA
1. En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Las sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica, no constituyen contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sino que se configuran como una agrupación de los mismos que se atribuyen las rentas generadas en la entidad, tal como establece el artículo 10.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo (artículo 10.1 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, vigente en el momento de plantearse la consulta). Por su parte, el artículo 89 del Texto Refundido (artículo 73 de la Ley 40/1998) establece que las rentas atribuidas tendrán la naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde procedan, para cada uno de los socios, y para su cálculo se aplicarán las reglas recogidas en el artículo 90 del Texto Refundido (artículo 74 de la Ley 40/1998), según el cual, las rentas se determinarán con arreglo a las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Lo anterior supone que en el supuesto de una sociedad civil que desarrolle una actividad económica los rendimientos atribuidos mantendrán ese mismo carácter de rendimientos de actividades económicas. Ahora bien, para que lo que hasta aquí expuesto resulte operativo es necesario que la actividad económica se desarrolle como tal por la sociedad civil, es decir, que la ordenación por cuenta propia de medios de producción y (o) de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios -elementos definitorios de una actividad económica- corresponda a la sociedad. Con ello se quiere decir que todos los socios deben asumir el riesgo del ejercicio empresarial, esto es, que los efectos jurídicos y económicos de la actividad recaigan sobre todos ellos, circunstancia que se da en el caso planteado puesto que los consultantes han constituido una sociedad civil para el ejercicio conjunto de la abogacía. Al tratarse de una actividad profesional, la determinación del rendimiento neto se efectuará por el método de estimación directa, en la modalidad simplificada si reúnen los requisitos establecidos en el artículo 26 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, y no renuncien a su aplicación, o en la modalidad normal, si no reúnen tales requisitos o renuncian a la aplicación de la modalidad simplificada. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del Texto Refundido (artículo 26 de la Ley 40/1998), el rendimiento neto de las actividades económicas se determinará según las normas del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las normas especiales contenidas en el artículo 28 para la estimación directa. Esta remisión genérica a las normas del Impuesto sobre Sociedades para la determinación del rendimiento neto de actividades económicas, nos lleva al artículo 10 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (artículo 10 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades), que en su apartado 3 dispone que "en el método de estimación directa la base imponible se calculará corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en la presente Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas". De acuerdo con lo anterior, la deducibilidad de los gastos está condicionada por el principio de su correlación con los ingresos, de tal suerte que aquellos respecto de los que se acredite que se han ocasionado en el ejercicio de la actividad, que sean necesarios para la obtención de los ingresos, serán deducibles, en los términos previstos en los preceptos legales antes señalados, mientras que cuando no exista esa vinculación o no se probase suficientemente no podrían considerarse como fiscalmente deducibles de la actividad económica. Conforme con lo anterior, y en atención al principio de correlación de ingresos y gastos, los gastos serán fiscalmente deducibles en la medida en que vengan exigidos por el desarrollo de la actividad. Esta correlación deberá probarse por cualquiera de los medios generalmente admitidos en derecho, siendo competencia de los servicios de comprobación e inspección la valoración de las pruebas aportadas. En el caso de que no existiese vinculación o ésta no fuese suficientemente probada, tales gastos no podrán considerarse fiscalmente deducibles de la actividad profesional. En la valoración de esta correlación también deberá tenerse en cuenta el importe individualizado de los gastos, de manera que aquellos que sean excesivos o desmesurados, respecto de los que, con arreglo a los usos y costumbres, puedan considerarse gastos normales, pueden considerarse como no deducibles, pues se trata de conceptos fronterizos entre los gastos exigidos por el desarrollo de la actividad y aquellos que vienen a cubrir necesidades particulares, de tal manera que en algunos casos existe una coincidencia entre unos y otros. No debe olvidarse que la normativa del Impuesto exige distinguir entre el patrimonio del contribuyente afecto a la actividad económica y el destinado a la atención de las necesidades particulares. Así, en el caso de la utilización de vehículos, la deducibilidad de los gastos de mantenimiento, consumo de combustible, etc, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, está condicionada a la afectación exclusiva de los vehículos a la actividad, salvo determinadas excepciones previstas en el artículo 21.2 del Reglamento del Impuesto, que no son aplicables a la actividad desarrollada por los consultantes. Por lo que respecta a las aportaciones a las mutualidades de previsión social, han de distinguirse los siguientes casos: 1º) Profesionales no integrados en alguno de los regímenes de la Seguridad Social: - La parte de estas aportaciones que tienen carácter de alternativas a la Seguridad Social (cubriendo sus mismas contingencias) es gasto deducible de la actividad profesional con el límite de 3.005,06 euros. - Reducirán la base imponible siempre que cubran las mismas contingencias que los planes de pensiones y siempre que estas cantidades no hayan sido computadas como gasto deducible de la actividad profesional. 2º) Profesionales integrados en cualquier régimen de las Seguridad Social. - Reducirán la base imponible en la parte que cubran las mismas contingencias que los planes de pensiones. Por último, resta señalar que la determinación del rendimiento neto en el régimen de estimación directa simplificada aparece recogida en el artículo 28 del Reglamento del Impuesto, según el cual el rendimiento neto de las actividades económicas, a las que sea de aplicación la modalidad simplificada del régimen de estimación directa, se determinará según las normas contenidas en los artículos 26 y 28 del Texto Refundido la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con todas las precisiones antes señaladas y con las especialidades siguientes: 1ª.- Las amortizaciones del inmovilizado material se practicarán de forma lineal, en función de la tabla de amortizaciones simplificada que se apruebe por el Ministro de Economía y Hacienda (OM 27 de marzo de 1998). Sobre las cuantías de amortización que resulten de estas tablas serán de aplicación las normas del régimen especial de empresas de reducida dimensión previstas en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que afecten a este concepto. 2ª.- El conjunto de las provisiones deducibles y los gastos de difícil justificación se cuantificará aplicando el porcentaje del 5 por 100 sobre el rendimiento neto, excluido este concepto. En cuanto al sometimiento a retención de las rentas percibidas y abonadas por la sociedad civil, hay que tener en cuenta: - lo dispuesto en el artículo 90.2 del Texto Refundido (artículo 74.2 de la Ley 40/1998), según el cual “estarán sometidas a retención o ingreso a cuenta, con arreglo a las normas de este impuesto, las rentas que se satisfagan o abonen a las entidades en régimen de atribución de rentas, con independencia de que todos o alguno de sus miembros sea contribuyente por este impuesto, sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades o contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Dicha retención o ingreso a cuenta se deducirá en la imposición personal del socio, heredero, comunero o partícipe, en la misma proporción en que se atribuyen las rentas”. - las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta que son las enumeradas en el artículo 70 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. - los obligados a retener o ingresar a cuenta, en cuanto satisfagan rentas sometidas a esta obligación, que son los mencionados en el artículo 71.1 del Reglamento del Impuesto, entre los que se recogen expresamente a las entidades en régimen de atribución de rentas. 2. En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido: El artículo 96, apartado uno, número 6º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece lo siguiente: "Uno. No podrán ser objeto de deducción, en ninguna proporción, las cuotas soportadas como consecuencia de la adquisición, incluso por autoconsumo, importación, arrendamiento, transformación, reparación, mantenimiento o utilización de los bienes y servicios que se indican a continuación y de los bienes y servicios accesorios o complementarios a los mismos: (...) 6º. Los servicios de desplazamiento o viajes, hostelería y restauración, salvo que el importe de los mismos tuviera la consideración de gasto fiscalmente deducible a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades." En consecuencia, en la medida en que los importes de los servicios de hostelería y restauración a que se refiere la consulta, puedan considerarse gasto fiscalmente deducible a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que deba liquidar la sociedad civil consultante, las cuotas de IVA soportado relativas a dichos gastos serán deducibles, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 de la Ley 37/1992. El artículo 97, apartado uno de la citada Ley declara que sólo podrán ejercitar el derecho a la deducción los empresarios o profesionales que estén en posesión del documento justificativo de su derecho. A estos efectos, únicamente se considerarán documentos justificativos del derecho a deducir, entre otros, la factura original expedida por quien realice la entrega o preste el servicio o, en su nombre y por su cuenta, por un cliente o por un tercero, siempre que, para cualquiera de estos casos, se cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente. A tal efecto, el artículo 6, apartado 9 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1496/2003, de 28 de, establece que "a efectos de lo dispuesto en el artículo 97.Uno de la Ley del Impuesto, únicamente tendrá la consideración de factura aquella que contenga todos los datos y reúna los requisitos a que se refieren los apartados 1 a 7 del mencionado artículo 6". El indicado artículo 6 dispone que: "1. Toda factura y sus copias contendrán los datos o requisitos que se citan a continuación, sin perjuicio de los que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones: a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será correlativa. Se podrán expedir facturas mediante series separadas cuando existan razones que lo justifiquen y, entre otros supuestos, cuando el obligado a su expedición cuente con varios establecimientos desde los que efectúe sus operaciones y cuando el obligado a su expedición realice operaciones de distinta naturaleza. No obstante, será obligatoria, en todo caso, la expedición en series específicas de las facturas siguientes: 1º. Aquellas a las que se refiere el artículo 2.3. 2º. Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere el artículo 5, para cada uno de los cuales deberá existir una serie distinta. 3º. Las rectificativas. 4º. Las que se expidan conforme a la disposición adicional quinta del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. b) La fecha de su expedición. c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. En los supuestos a que se refiere el artículo 2.3, se consignarán como datos del expedidor los del sujeto pasivo destinatario de los bienes o servicios. Asimismo deberán constar los del proveedor de los bienes o servicios. d) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración española o, en su caso, por la de otro Estado miembro de la Comunidad Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir la factura. Asimismo, será obligatoria la consignación del Número de Identificación Fiscal del destinatario en los siguientes casos: 1º. Que se trate de una entrega de bienes destinados a otro Estado miembro exenta conforme al artículo 25 de la Ley del Impuesto. 2º. Que se trate de una operación cuyo destinatario sea el sujeto pasivo del Impuesto correspondiente a aquélla. 3º. Que se trate de operaciones que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto y el empresario o profesional obligado a la expedición de la factura haya de considerarse establecido en dicho territorio. En los supuestos a que se refiere el artículo 2.3, se consignará como Número de Identificación Fiscal del expedidor el del sujeto pasivo destinatario de los bienes o servicios. Asimismo, deberá constar el número de identificación del proveedor de los bienes o servicios. e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. Cuando el obligado a expedir factura o el destinatario de las operaciones dispongan de varios lugares fijos de negocio, deberá indicarse la ubicación de la sede de actividad o establecimiento al que se refieran aquéllas en los casos en que dicha referencia sea relevante para la determinación del régimen de tributación correspondiente a las citadas operaciones. En los supuestos a que se refiere el artículo 2.3, se consignará como domicilio del expedidor el del sujeto pasivo destinatario de los bienes o servicios. Asimismo deberá constar el domicilio del proveedor de los bienes o servicios. Cuando el destinatario de las operaciones sea una persona física que no actúe como empresario o profesional, no será obligatoria la consignación de su domicilio. f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del Impuesto, tal y como ésta se define por los artículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto, correspondiente a aquéllas y su importe, incluyendo el precio unitario sin Impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario. g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones. h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado. i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura. 2. En las copias de las facturas, junto a los requisitos del apartado anterior, se indicará su condición de copias. 3. En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté exenta o no sujeta al Impuesto o de que el sujeto pasivo del Impuesto correspondiente a la misma sea su destinatario, se deberá incluir en ella una referencia a las disposiciones correspondientes de la Directiva 77/388/CEE, de 17 de mayo, Sexta Directiva del Consejo en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido, o a los preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que la operación está exenta o no sujeta o de que el sujeto pasivo del Impuesto es el destinatario de la operación. Lo dispuesto en este apartado se aplicará asimismo cuando se documenten varias operaciones en una única factura y las circunstancias que se han señalado se refieran únicamente a parte de ellas. 4. Deberá especificarse por separado la parte de base imponible correspondiente a cada una de las operaciones que se documenten en una misma factura en los siguientes casos: a) Cuando se documenten operaciones que estén exentas o no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido y otras en las que no se den dichas circunstancias. b) Cuando se incluyan operaciones en las que el sujeto pasivo del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a aquéllas sea su destinatario y otras en las que no se dé esta circunstancia. c) Cuando se comprendan operaciones sujetas a diferentes tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido. 5. En las entregas de medios de transporte nuevos a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto se deberá hacer constar en la factura, además de los datos y requisitos establecidos en el apartado 1 anterior, sus características, la fecha de su primera puesta en servicio y las distancias recorridas u horas de navegación o vuelo realizadas hasta su entrega. 6. Los empresarios o profesionales que realicen las entregas subsiguientes a las adquisiciones intracomunitarias a que se refiere el artículo 79.2 del Reglamento del Impuesto deberán indicar expresamente en las facturas correspondientes a dichas entregas que se trata de una operación triangular o en cadena de las contempladas en el artículo 26.tres de la Ley del Impuesto y consignar en ellas el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido con el que realizan las referidas adquisiciones intracomunitarias y entregas subsiguientes, así como el número de identificación a efectos del mencionado Impuesto suministrado por el destinatario de la entrega subsiguiente. 7. Cuando el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria aprecie que las prácticas comerciales o administrativas del sector de actividad de que se trate, o bien las condiciones técnicas de expedición de las facturas, dificulten la consignación de las menciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo, podrá autorizar, previa solicitud del interesado, que en la factura no consten todas las menciones contenidas en el citado apartado, siempre y cuando las operaciones que se documenten sean entregas de bienes o prestaciones de servicios que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, con excepción de las que se encuentren exentas conforme al artículo 25 de la Ley Impuesto. Dichas facturas deberán contener, en todo caso, las siguientes menciones: a) La fecha de su expedición. b) La identidad del obligado a su expedición. c) La identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados. d) La cuota tributaria o los datos que permitan calcularla". 2.- Por otra parte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 95 de la Ley 37/92, dado que los bienes de inversión (vehículos particulares de los socios) no se afectan a la actividad empresarial de la sociedad civil ni total ni parcialmente, no serán deducibles en ninguna medida ni cuantía las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas por gastos de gas-oil y utilización de autopistas de peaje derivadas de la utilización de dichos vehículos. Lo que comunico a Vd. con el alcance y efectos previstos en el apartado 2 del artículo 107 de la Ley General Tributaria.

DEDUCCIÓN DE GASTOS DE ABOGADOS. Otras Consultas Vinculantes.

V0945-12 03/05/2012

El consultante, residente en España, desarrolla su actividad profesional como abogado, empleado con dedicación exclusiva en la sociedad anónima X, residente en España, la cual cuenta con intereses empresariales en Latinoamérica (concretamente, Brasil, Perú, Argentina, Chile y Colombia). En junio de 2008, fue nombrado Director responsable de los servicios jurídicos para Latinoamérica de la sociedad X y Secretario del Consejo de X Latinoamérica. Entre otras actividades, como Director responsable de los servicios jurídicos para Latinoamérica, presta servicios jurídicos profesionales a sociedades residentes en los cinco países mencionados, las cuales pertenecen todas al mismo grupo empresarial que la sociedad española X. Entre tales servicios, se encuentran los de asistencia en negociación de contratos en general y los de asesoramiento (en operaciones de compra-venta de activos o participaciones sociales, en operaciones de reestructuración societaria, en prácticas internacionales de gestión de litigios…). Para la prestación de tales servicios el consultante realiza desplazamientos a los países citados, habiendo permanecido como consecuencia de ello fuera de España 74 días durante el año 2011. La prestación de tales servicios ha producido una utilidad a las empresas no residentes, no sólo por el ahorro en la contratación de abogados externos, sino por el cierre de operaciones ventajosas para las mismas. Son servicios que, por su complejidad y especialidad, una empresa independiente hubiera estado dispuesta a pagar. Si procede la aplicación de la exención establecida en la letra p) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

DEDUCCIÓN DE GASTOS DE ABOGADOS. Otras Consultas Generales

V1028-10 17/05/2010

La consultante adquirió un ordenador portátil en 2005, comenzando a incluir la amortización como gasto de su actividad profesional como abogado y a deducir en IVA el IVA soportado en la citada adquisición. 1ª Si puede incluir en las declaraciones de IVA soportado en la adquisición del ordenador, así como el IVA soportado en los diferentes gastos que se producen en la actividad.

COSTAS PROCESALES

NUM-CONSULTA	Consulta Vinculante V2572-14
ORGANO	SG de Impuestos sobre el Consumo
FECHA-SALIDA	01/10/2014
NORMATIVA	Ley 37/1992 arts. 4, 5, 7, 11 y 78-tres-1º
DESCRIPCION HECHOS
La entidad consultante, para la dirección letrada de los asuntos jurisdiccionales, cuenta en plantilla con diversos abogados.
CUESTION PLANTEADA
Tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido en caso de que la consultante resulte ser la parte ganadora en un proceso judicial imponiéndose el pago de las costas a la parte perdedora en el proceso.
CONTESTACION COMPLETA
1.- El artículo 4, apartado uno, de Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), dispone que están sujetas a dicho Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional. El artículo 5, apartado uno, letra a) de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece lo siguiente: “Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarán empresarios o profesionales: a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo. No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente. b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario.”. De acuerdo con el apartado dos del mencionado artículo 5, son “actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.”. Asimismo, el artículo 11, apartado dos 1º, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido dispone que, en particular, se considera prestación de servicios “el ejercicio independiente de una profesión, arte u oficio.”. Lo que determina que una prestación de servicios realizada por una persona física se encuentre sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido es que sea prestada por cuenta propia, razón por la cual el artículo 7.5º de su Ley reguladora dispone que no estarán sujetos “los servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia derivado de relaciones administrativas o laborales, incluidas en estas últimas las de carácter especial.”. De acuerdo con lo anterior, si como se indica en el escrito de consulta, todas las prestaciones profesionales de abogado que tienen por destinatario la entidad consultante se efectúan por los diversos abogados en virtud de una relación laboral, dichas prestaciones de servicios no estarán sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. 2.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78, apartado tres, número 1º, de la Ley 37/1992, no forman parte de la base imponible del Impuesto las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones, distintas de las contempladas en el apartado anterior de dicho precepto que, por su naturaleza y función, no constituyan contraprestación o compensación de las entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto. La reiterada doctrina de la Dirección General de Tributos acerca de la tributación de las costas judiciales queda resumida, por todas, en su reciente contestación de 31 de marzo de 2014 (V0888-14), que establece lo siguiente: “El pago del importe de la condena en costas por la parte perdedora en un proceso implica la indemnización a la parte ganadora de los gastos en que incurrió, entre otros, por servicios de asistencia jurídica y que son objeto de cuantificación en vía judicial. Habida cuenta de esta naturaleza indemnizatoria, no procede repercusión alguna del tributo por la parte ganadora a la perdedora, ya que no hay operación sujeta al mismo que sustente dicha repercusión. Igualmente, no habiendo operación sujeta a tributación, no procede la expedición de factura a estos efectos, sin perjuicio de la expedición de cualquier otro documento con el que se justifique el cobro del importe correspondiente. Lo señalado anteriormente debe entenderse, en todo caso, sin perjuicio de la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de los servicios que pudieran haberle sido prestados a la parte ganadora, que ha de percibir las cantidades en concepto de costas judiciales, por empresarios o profesionales que actúen en el ejercicio independiente de su actividad empresarial o profesional (por ejemplo, abogados y procuradores), con independencia del hecho de que sea precisamente el importe de tales servicios, en su caso, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, el que haya de tenerse en cuenta para determinar las costas judiciales que habrá de satisfacerle la otra parte en el proceso. En este sentido hay que tener en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2005 (Nº de recurso 3027/1999), que en su Fundamento de Derecho primero, tercer párrafo, señala lo siguiente: “Sentado lo anterior, en lo que atañe al argumento del impugnante éste debe ser desestimado, ya que el sujeto pasivo del IVA, el Letrado y Procurador en este caso, viene obligado a repercutir su importe sobre la persona para quien se realiza la operación gravada y aquella no es otra que la recurrida quien en virtud de la condena en costas no hace sino obtener el reintegro de lo abonado de quien resulta vencido en el proceso. No estamos ante un supuesto de repercusión del IVA en el Estado sino ante el reintegro al litigante que obtiene una sentencia favorable con condena en costas, por parte de quien resulta condenada en tal concepto, de los gastos por aquél realizados.”.”. Por consiguiente, la entidad consultante, cuando resulte ser la parte ganadora en un proceso judicial imponiéndose el pago de las costas a la parte perdedora en el proceso, no tendrá que repercutir cuota alguna por recibir el pago de dicha indemnización. Por su parte, tampoco los abogados que mantienen una relación laboral con la consultante deben expedir factura alguna por cuanto que, como ya se expuso en el apartado anterior de la presente contestación, no ejercen actividad sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido. 3.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

COSTAS PROCESALES. Otras Consultas Generales.

0206-05 10/06/2005

Naturaleza jurídica de las costas procesales en el Impuesto sobre el Valor Añadido (repercusión del Impuesto) y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (obligación de practicar retención).

0154-05 11/04/2005

Abogado de empresa, vinculado a la misma por contrato laboral. En el desarrollo de su trabajo, interviene en procesos judiciales defendiendo a su empresa, otras empresas pertenecientes al mismo grupo, otras entidades en las que su empresa tiene intereses y, por asuntos particulares, a la familia propietaria. Tributación de los honorarios correspondientes a la condena en costas

PAGO SANCIÓN IMPUESTA A CLIENTE

NUM-CONSULTA	Consulta Vinculante V2824-14
ORGANO	SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas
FECHA-SALIDA	20/10/2014
NORMATIVA	Código de Comercio art. 35 TRLIS RDLeg 4/2004 arts. 10-3, 14-1-c) -e), 19-1
DESCRIPCION HECHOS
La actividad de la sociedad consultante es la asesoría fiscal. Un cliente fue objeto de inspección tributaria de la que resultó una sanción por no haber ingresado la cuota correspondiente al IRPF de los ejercicios 2008 y 2009 dentro del plazo establecido. El importe de la sanción fue exigido por el cliente a la sociedad consultante y, ésta, después del asesoramiento legal correspondiente, decidió asumir el pago íntegro de dicha sanción. Al liquidar el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2013, la sociedad consultante plantea la posibilidad de considerar el importe de la sanción asumida como gasto deducible.
CUESTION PLANTEADA
Si la sanción impuesta al cliente, cuyo importe fue asumido por la sociedad que le asesoró, es deducible para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de esta última.
CONTESTACION COMPLETA
El artículo 10.3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante TRLIS), aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, establece que “en el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas.” De acuerdo con el artículo 35 del Código de Comercio, el resultado del ejercicio se determina por la diferencia de ingresos y gastos que integran la cuenta de pérdidas y ganancias, separando debidamente los ingresos y los gastos imputables al mismo, y distinguiendo los resultados de explotación, de los que no lo sean. Por su parte, el TRLIS, en el artículo 19.1, establece que “los ingresos y los gastos se imputarán en el período impositivo en que se devenguen, atendiendo a la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera, respetando la debida correlación entre unos y otros.” En cualquier caso, puede haber gastos integrados en la cuenta de pérdidas y ganancias que no sean fiscalmente deducibles. En este sentido, el artículo 14 del TRLIS establece lo siguiente: “1. No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles: (…). c) Las multas y sanciones penales y administrativas, el recargo de apremio y el recargo por presentación fuera de plazo de declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones. (…). e) Los donativos y liberalidades. No se entenderán comprendidos en este párrafo e) los gastos por relaciones públicas con clientes o proveedores ni los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa ni los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios, ni los que se hallen correlacionados con los ingresos. (…).” De acuerdo con la normativa expuesta, la deducibilidad de los gastos está condicionada por el principio de su correlación con los ingresos, de tal suerte que aquellos respecto de los que se acredite que se han ocasionado en el ejercicio de la actividad serán deducibles, en los términos previstos en los preceptos legales antes señalados, mientras que cuando no exista esa vinculación o no se pruebe suficientemente no podrán considerarse como fiscalmente deducibles. Los gastos asociados a aquellas sanciones que tengan carácter contractual, esto es, que deriven del incumplimiento de obligaciones asumidas por la empresa en contratos formalizados con terceros, tienen la consideración de deducibles, como es el caso de incumplimiento de los plazos establecidos, de las calidades y condiciones de los bienes o servicios prestados y las procedentes de cualquier otra condición contractual estipuladas entre las partes que figure en el contrato. Si el gasto de la entidad se produce por el pago de sanciones y recargos impuestos a los clientes pero asumidos por el consultante en función de una responsabilidad contractual se considerará fiscalmente deducible, sin embargo, esta, responsabilidad no parece existir en el supuesto de la presente consulta, pues en este caso únicamente se acudió al “asesoramiento legal correspondiente”, por lo que se decidió asumir el pago íntegro de la sanción y, en consecuencia, dicho pago no tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible, tanto para el cliente infractor como para la sociedad asesora, en virtud de lo establecido en los apartados c) y e) del artículo 14.1 del TRLIS, sin perjuicio de la incidencia que este pago tenga en la tributación personal del cliente. Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

TURNO DE OFICIO

NUM-CONSULTA	Consulta Vinculante V2928-14
ORGANO	SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
FECHA-SALIDA	30/10/2014
NORMATIVA	Ley 35/2006. Disp. adic. 40ª
DESCRIPCION HECHOS
El Real Decreto-ley 8/2014 prevé la posibilidad de practicar las retenciones sobre rendimientos de actividades profesionales al 15 por 100 en lugar del 21 por 100.
CUESTION PLANTEADA
Se pregunta sobre la posibilidad de aplicar el tipo del 15 por 100 sobre los rendimientos del turno de oficio que satisface el colegio consultante.
CONTESTACION COMPLETA
El apartado tres del artículo 122 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE del día 5), añadió a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, una disposición adicional cuadragésima —con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley: el día de su publicación en el BOE—, con la siguiente redacción: “No obstante lo dispuesto en la letra a) del apartado 5 del artículo 101 de esta Ley, el porcentaje de las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos derivados de actividades profesionales será el 15 por ciento cuando el volumen de rendimientos íntegros de tales actividades correspondiente al ejercicio inmediato anterior sea inferior a 15.000 euros y represente más del 75 por ciento de la suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo obtenidos por el contribuyente en dicho ejercicio. Para la aplicación del tipo de retención previsto en el párrafo anterior, los contribuyentes deberán comunicar al pagador de los rendimientos la concurrencia de dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a conservar la comunicación debidamente firmada. Este porcentaje se reducirá a la mitad cuando los rendimientos tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley”. Conforme con esta regulación legal, la operatividad del tipo de retención reducido exige el cumplimiento de una doble circunstancia respecto al volumen de rendimientos íntegros de las actividades profesionales correspondiente al ejercicio inmediato anterior al de su aplicación: - Que sea inferior a 15.000 euros. - Que represente más del 75 por ciento de la suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo obtenidos por el contribuyente en dicho ejercicio. Cumpliéndose lo anterior, el contribuyente que quiera la aplicación del tipo de retención reducido deberá comunicar al pagador que de los rendimientos de actividades profesionales que concurren las condiciones para su aplicación; comunicación que no está sujeta a un modelo específico y que (en su caso), al referirse al volumen de rendimientos correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de su aplicación, deberá realizarse anualmente. Finalmente, el pagador de rendimientos de actividades profesionales al que el contribuyente haya comunicado que cumple las condiciones para la aplicación del tipo reducido de retención, practicará esta última con este tipo, estando obligado a conservar la comunicación debidamente firmada. Lo que comunico a ustedes con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18).

TURNO DE OFICIO. Otras Consultas Vinculantes.

V1548-05 22/07/2005

Las consultantes constituyeron una sociedad civil para el ejercicio de la abogacía en octubre de 2004, en la que participan al 50 por 100. Atribución de las cantidades percibidas por el Turno de Oficio.

V0367-06 03/03/2006

A principios del 2005 dos abogados constituyeron una sociedad laboral limitada (SLL) para el ejercicio profesional de la abogacía. Ambos abogados son socios trabajadores y administradores solidarios con cargo gratuito de la misma. Si los ingresos provenientes del Turno de Oficio corresponden a la sociedad o a los socios trabajadores.

V2107-06 24/10/2006

La consultante es abogada, y trabaja por cuenta ajena para un despacho de abogados constituido como sociedad limitada, no teniendo participaciones sociales de la misma, teniendo un contrato de trabajo formalizado por escrito y encontrándose de alta en el Régimen General de la Seguridad Social desde el mes de febrero de 2006. Si los ingresos procedentes del turno de oficio deben de tener la consideración de ingresos individuales o bien son imputables a la Sociedad Limitada.

V1870-07 11/09/2007

El consultante, que ejerce la profesión de abogado, ha prestado un servicio de asistencia jurídica gratuita a través del turno de oficio en un expediente de expulsión de una persona inmigrante en situación irregular en España. Como consecuencia de su actuación profesional, el procedimiento ha concluido con una sentencia dictada por una sala de lo contencioso administrativo en la que se condena en costas al Ministerio del Interior. Presentado el correspondiente escrito de tasación de costas, las mismas fueron aprobadas por el secretario judicial y percibidas por el consultante. Obligación de expedir factura y, en su caso, destinatario de las operaciones

V0994-10 12/05/2010

El consultante es socio junto con otros dos abogados de una sociedad de responsabilidad limitada profesional dedicada a prestar servicios de abogacía. Cómo puede el consultante recuperar la retención practicada por el Colegio de Abogados y si dicho Colegio debe facturar por la prestación del servicio correspondiente al turno de oficio a la sociedad profesional en vez de a los socios abogados.

V1900-10 02/09/2010

La consultante ha desarrollado la actividad económica de abogado hasta el 30 de noviembre de 2009. Como consecuencia de esa actividad presentaba trimestralmente pagos fraccionados. Obligación de presentar el pago fraccionado correspondiente por los ingresos procedentes del turno de oficio.

V1191-12 31/05/2012

La sociedad consultante es una sociedad limitada profesional, constituida por dos abogadas profesionales, que presta el servicio de abogacía. Cada una de ellas participa, al 50%, en el capital social de la sociedad consultante. 1. Se plantea, a efectos de lo dispuesto en el artículo 16 del TRLIS, cómo deben valorarse los servicios profesionales prestados por las socias, personas físicas, a la sociedad consultante. A tal efecto, si cabe tomar cómo comparable el convenio colectivo de aplicación para la misma categoría de abogado.

V1458-12 04/07/2012

Abogado que lleva a cabo el desarrollo de su actividad profesional en el turno de oficio percibiendo todos sus ingresos con la retención correspondiente. Obligación de presentar trimestralmente el modelo 130 de pagos fraccionados teniendo en cuenta que algunos trimestres no factura ningún ingreso.

V1912-13 10/06/2013

La Orden de 17 de septiembre de 2012 de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, por la que se modifican los módulos y bases de compensación económica por los servicios de asistencia jurídica gratuita en el turno de oficio y en el turno de guardia, establecidos en la Orden de 9 de marzo de 2009 y en la Orden de 26 de enero de 2012, respectivamente, incluye entre las asignaciones económicas que perciben los abogados del turno de oficio el concepto "desplazamiento juicio oral para Letrados y Letradas cuyo despacho oficial esté en partido judicial distinto de la sede del Juzgado de lo Penal o de la Audiencia Provincial", con un importe de 27 euros. Sometimiento a retención del importe correspondiente al mencionado concepto.

V2235-13 08/07/2013

El colegio consultante tiene que abonar la compensación económica por los servicios de asistencia jurídica gratuita en el turno de oficio a dos letrados pertenecientes a una sociedad limitada laboral. Sometimiento a retención a cuenta del IRPF de la referida compensación económica.

V1572-14 13/06/2014

El consultante viene recibiendo de diversas Dependencias de Recaudación diligencias de embargo en relación con las cantidades que, en concepto de intermediario, debe satisfacer a sus colegiados por los servicios profesionales que prestan en el turno de oficio. 1) ¿Puede el consultante oponerse a la ejecución de los embargos sobre retribuciones que no superan el mínimo inembargable sin incurrir en la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 42.2.b) de la LGT?.

V2850-14 21/10/2014

La Junta de Andalucía abona los derechos económicos por el turno de oficio al Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales. Éste los transfiere a los distintos Colegios de Procuradores, quiénes, a su vez, lo distribuyen entre los Procuradores una vez practicada la retención por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. De esta forma, es el Colegio de Procuradores correspondiente el que procede a la retención del IRPF y a su ingreso en el Tesoro. Cuál es el mecanismo para obtener la devolución de las retenciones a cuenta del IRPF indebidamente ingresadas.

TURNO DE OFICIO. Otras Consultas Generales.

1565-97 11/06/1997

Sociedad civil, constituida por tres abogados, y dedicada al ejercicio de esta actividad profesional. Imputación de las retenciones correspondientes a los honorarios del Turno de Oficio y del Servicio de Orientación Jurídica.

1816-97 20/08/1997

Comunidad de bienes, constituida por dos abogados, y dedicada al ejercicio de esta actividad. Imputación de las retenciones correspondientes a los honorarios del turno de oficio.

1972-00 03/11/2000

Abogado perteneciente al Turno de Asistencia Jurídica al Detenido y Preso. Calificación de los rendimientos obtenidos por la prestación de los citados servicios.

2668-97 22/12/1997

Sometimiento a retención de las cantidades percibidas por los Abogados que prestan el servicio de turno de oficio y asistencia al detenido, y calificación de dichas retribuciones como indemnizaciones compensatorias o subvenciones.

0100-03 28/01/2003

Los "Servicios de Orientación Jurídica" de los Colegios de abogados, creados al amparo de la Ley 1/1996, de 20 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y del Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre, asumen, entre otras funciones, el asesoramiento a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita. Este servicio es gratuito para los peticionarios de justicia gratuita. Sujeción al Impuesto de los servicios de asistencia letrada, de defensa y representación gratuitas.

1295-99 20/07/1999

Un abogado presta servicios en el turno de oficio y asistencia al detenido. Aplicación de la regla de prorrata.

0784-00 06/04/2000

El consultante, abogado de profesión, pasa del régimen de coeficientes al régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 1. Si, tras el paso al régimen de estimación directa, puede aplicar a las cantidades pendientes de amortizar la libertad de amortización para bienes de escaso valor establecida en el artículo 124 de la Ley 43/1995.

IMPUESTO ABOGADA ONG

NUM-CONSULTA	Consulta Vinculante V2856-14
ORGANO	SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
FECHA-SALIDA	22/10/2014
NORMATIVA	RIRPF. Art. 76
DESCRIPCION HECHOS
Abogada que en desarrollo de su actividad profesional presta sus servicios a una asociación sin ánimo de lucro. Si la asociación está obligada a practicar retención sobre los rendimientos que le satisfaga.
CUESTION PLANTEADA
Si la asociación está obligada a practicar retención sobre los rendimientos que le satisfaga.
CONTESTACION COMPLETA
La obligación de practicar retenciones e ingresos a cuenta se establece en el artículo 99 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), siendo objeto de desarrollo —por lo que se refiere a las rentas sujetas a la misma y a los obligados a practicarla— en los artículo 75 y 76 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE del día 31). Respecto a la determinación del sometimiento a retención de los honorarios profesionales que pueda percibir un abogado en el ejercicio de su actividad profesional, el artículo 75.1 del Reglamento del Impuesto incluye los rendimientos de actividades profesionales entre las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta. Por su parte, en cuanto a los obligados a practicar las retenciones, el artículo 76.1 del mismo Reglamento dispone lo siguiente: “Con carácter general, estarán obligados a retener o ingresar a cuenta, en cuanto satisfagan rentas sometidas a esta obligación: a) Las personas jurídicas y demás entidades, incluidas las comunidades de propietarios y las entidades en régimen de atribución de rentas. b) Los contribuyentes que ejerzan actividades económicas, cuando satisfagan rentas en el ejercicio de sus actividades. c) Las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español, que operen en él mediante establecimiento permanente. d) Las personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español, que operen en él sin mediación de establecimiento permanente, en cuanto a los rendimientos del trabajo que satisfagan, así como respecto de otros rendimientos sometidos a retención o ingreso a cuenta que constituyan gasto deducible para la obtención de las rentas a que se refiere el artículo 24.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. (…)”. De acuerdo con lo expuesto, al calificarse como rendimientos de actividades profesionales los honorarios que por la prestación de sus servicios pudiera facturar la consultante a la asociación sin ánimo de lucro y siendo ésta una persona jurídica, tales rendimientos estarán sujetos a retención a cuenta del Impuesto. Por lo que se refiere a la constancia de la retención en la factura que emita la consultante procede indicar que tal constancia no es uno de los requisitos que debe reunir la factura, pero tampoco existe impedimento alguno para su inclusión en la misma. A este respecto, cabe señalar que los actos de retención tributaria corresponde realizarlos a quien satisface o abona los rendimientos (así lo dispone el artículo 74 del Reglamento del Impuesto: estarán obligadas a retener las personas o entidades contempladas en el artículo 76 que satisfagan o abonen las rentas previstas en el artículo 75), quien además vendrá obligado en su momento a expedir en favor del contribuyente certificación acreditativa de la retención practicada. Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18).

IMPUESTO ABOGADA ONG. Otras Consultas Vinculantes.

V2396-09 26/10/2009

La consultante tiene como actividad principal la prestación de servicios jurídicos remunerados. No obstante, con la intención de promover a nivel institucional la participación de sus abogados en acciones sociales dentro de la comunidad donde desarrolla su actividad, ha puesto en marcha un programa cuyos ámbitos de actuación son el asesoramiento a particulares o entidades sin ánimo de lucro y la formación jurídica de forma gratuita.

IMPUESTO ABOGADA ONG. Otras Consultas Generales.

0698-04 23/03/2004

Servicios profesionales de información, orientación, gestión, asesoría jurídica, económica, fiscal y laboral prestados a una Asociación sin ánimo de lucro cuyo fín es el Apoyo a la integración de inmigrantes. Dichos servicios son prestados por profesionales libres que facturan a la Asociación.

0767-01 17/04/2001

Fundación sin ánimo de lucro. Sujeción y exención en el Impuesto sobre Actividades Económicas. La Fundación consultante tiene por objeto promover las actividades dirigidas a la formación, capacitación y perfeccionamiento profesional de los Abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Sus actividades principales son dos: premiar, cada cinco años, una memoria u obra sobre un tema de Derecho previamente fijado por la Junta de Gobierno del Colegio; y actividades benéficas, docentes y culturales a favor de los abogados inscritos en el Colegio.

BLOG DE EMILIANO CACABELOS MONTES

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martes, 6 de enero de 2015

CONSULTAS TRIBUTARIAS EJERCICIO ABOGACIA

IVA ABOGADO DE LA HAYA